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Procesan a ex socio de Martín Menem por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles

La Justicia federal investiga la adjudicación directa de un contrato a una empresa sin capacidad técnica constituida pocos meses después del cambio de gobierno.

Procesan a ex socio de Martín Menem por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles

El juez federal Casanello procesó por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles a dos ex interventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y a dos particulares por el desvío de 247 millones de pesos. Entre los alcanzados por la medida se encuentra el empresario Sergio Aguirre, ex socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salpicado por la adjudicación irregular de un contrato en el organismo de salud.

La investigación conducida en los tribunales federales se enfoca en una contratación directa concedida a la sociedad Htech Innovation, constituida en abril de 2024, a cuatro meses de la llegada de Milei a la Presidencia. Al detallar el entramado de influencias en la entidad estatal, el fiscal Marijuan precisó que “ambos interventores, Montero y Petroni, habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.

La decisión firmada por el magistrado atribuyó la condición de autores de los delitos de negociaciones incompatibles y administración fraudulenta a los ex interventores Virginia Montero y Marcelo Petroni. Por su parte, la imputación contra Aguirre y contra María Casandra Mirabelli, titular de la firma beneficiada, se formalizó bajo la categoría de partícipes necesarios en la maniobra delictiva.

En la misma resolución, el juzgado estableció un embargo sobre los bienes de cada uno de los implicados por un monto fijado en 1.463.896.868 pesos. De acuerdo con las constancias acumuladas en el expediente, la empresa obtuvo ganancias ilícitas por un total exacto de 247.836.858,63 pesos provenientes de las arcas de la entidad médica de los trabajadores rurales.

Las irregularidades detectadas determinaron que el desvío de fondos se concretó a través del cobro de cheques entre finales de 2024 y mediados del año siguiente. La investigación documentó que el primer documento de pago fue emitido el 12 de noviembre de 2024, en tanto que la última erogación de la serie se registró el 11 de julio de 2025.

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