El Tribunal Oral Federal 2 fijó un plazo de diez días hábiles para que los condenados por la causa Vialidad abonen el monto actualizado del decomiso, que asciende a $684.000 millones. La notificación, que alcanza a la ex presidenta Cristina Kirchner y a los otros ocho imputados, advierte que si no se cumple con la devolución del dinero, se procederá a ejecutar los bienes involucrados a través de subastas públicas.

El monto fue recalculado la semana pasada por el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema y enviado al juez Jorge Gorini. Al momento de la sentencia, en diciembre de 2022, el perjuicio al Estado había sido estimado en aproximadamente $86.000 millones. Con la actualización, la suma alcanza el equivalente a unos USD 528 millones al tipo de cambio oficial actual.

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al tribunal que adopte medidas para evitar que los bienes de los condenados puedan ser transferidos o modificados. En su presentación, pidieron que se extiendan a todos los involucrados las restricciones patrimoniales ya vigentes sobre Lázaro Báez, que impiden realizar actos jurídicos o disposiciones legales sobre sus bienes.

Los fiscales incluyeron también en el pedido a los imputados con prisión domiciliaria, entre ellos la propia Cristina Kirchner y el exfuncionario Nelson Periotti. El objetivo es asegurar que no haya maniobras que interfieran con la ejecución del decomiso y que los condenados no puedan movilizar su patrimonio mientras esté vigente la orden judicial.

La decisión del tribunal, respaldada por los nuevos cálculos periciales, marca un avance en la etapa de cumplimiento de la sentencia y abre la posibilidad de que, en caso de no haber pago voluntario, se avance con medidas concretas sobre los bienes de los condenados.