Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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Con 203 votos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley Brisa, que establece una reparación económica mensual, equivalente a una jubilación mínima, y atención de salud, para hijos de víctimas de femicidios en todo el país.
Está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, y es retroactivo al momento de la comisión del crimen.
Ayer, la ley que lleva el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada a golpes por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, en 2014, volvió a poner en el centro del debate la violencia de género, que ha dejado en los últimos años a más de 3000 menores sin familia.
Según un informe de la Casa del Encuentro, desde 2009 en Argentina hubo 2384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, mientras que 2919 hijas e hijos –el 63% de los cuales eran menores de edad– quedaron sin madre.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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