La CGT volvió a pronunciarse en la antesala de la movilización convocada para este jueves contra la reforma laboral y puso el foco en el clima político previo a la protesta. A través de un comunicado, cuestionó expresiones de funcionarios del Gobierno nacional y reclamó condiciones que garanticen el normal desarrollo de la marcha hacia la Plaza de Mayo, prevista como una manifestación pacífica de rechazo al proyecto oficial.

En ese marco, la conducción cegetista planteó: “Expresamos nuestra preocupación por las declaraciones de funcionarios del gobierno nacional que, lejos de contribuir a un clima de respeto y convivencia democrática, constituyen una provocación innecesaria hacia los trabajadores que se movilizarán de manera pacífica, organizada y responsable”.

También solicitó medidas para resguardar a los manifestantes: "Exigimos al gobierno nacional que garantice la integridad física y la libertad de quienes participen de la movilización, y que se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios que sólo profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social". En ese sentido, recordó que “el derecho a manifestarse libremente es una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada y resguardada por las autoridades públicas”, y que los trabajadores marcharán “portando las banderas de la paz y los derechos laborales”. "La protesta social no es un delito", sostuvo.

El comunicado incluyó además referencias a episodios recientes que incrementaron la inquietud dentro del movimiento obrero. Entre ellos, se mencionó el ataque a la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), ocurrido este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, que la CGT vinculó con un posible mensaje intimidatorio hacia el sindicalismo en medio del conflicto por la reforma laboral.

A raíz de ese episodio, la CGT resolvió reforzar los dispositivos de seguridad previstos para la movilización, con el objetivo de minimizar la posibilidad de incidentes y detectar eventuales infiltrados que puedan generar disturbios.

Hacia el final del pronunciamiento, la central obrera reafirmó que el movimiento sindical ejercerá su derecho a la protesta “en el marco de la ley, como históricamente lo ha hecho, con compromiso democrático y responsabilidad social”, y ratificó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.