Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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Cada vez hay más cámaras para detectar infracciones de tránsito en la ciudad de Buenos Aires y los automovilistas lo saben. Es por eso que, aunque muchos van con cuidado y tratan de evitar las multas, solo 10 cámaras sacaron más de 140.000 fotomultas en lo que va de 2017.
Según las estadísticas que realizó la Secretaría de Transporte y Tránsito de la Ciudad, respecto de 2016 hubo un crecimiento de un 10% de las multas.
Hoy hay 126 cámaras de velocidad (86 monocarril y 40 multicarril), 44 para luz roja y senda peatonal, 24 para controlar el microcentro peatonal y 9 de carriles exclusivos sobre la avenida Córdoba.
Del total de los dispositivos ubicados en la ciudad, el 69% se encuentran en avenidas, el 26% en autopistas y el 5% en vías rápidas.
El 55% de de infracciones que se labraron en la Capital son por exceso de velocidad y, desde abril de 2015, hubo un aumento de infracciones del 25%.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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