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La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió al Poder Ejecutivo que brinde "una explicación clara" sobre las 39 escuelas clausuradas por falta de matrícula y destacó la preocupación que la situación genera "dentro de la comunidad educativa".
"Estamos en contra de cualquier cierre, porque principalmente descuida y afecta los derechos de los chicos de los sectores rurales, que muchas veces son los más postergados", precisó hoy el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, en declaraciones difundidas a la prensa.
"La decisión va en contra de nuestra mirada federal de la provincia; es una política basada en la optimización de gastos y no en ver a la educación como una inversión", insistió el funcionario.
La Defensoría pidió a la Dirección General Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) que informe la nómina de escuelas afectadas; la cantidad de alumnos y cargos docentes y auxiliares a los que alcanza la medida; el motivo de la decisión de cierre y el destino otorgado a los alumnos que concurrían a las instituciones educativas afectadas, como también el destino de los edificios en los que funcionan dichas instituciones.
El cierre de instituciones educativas afecta los derechos de los chicos de los sectores rurales, que muchas veces son los más postergados. La educación es una inversión en su futuro, no debe ser una política basada en la optimización de gastos.https://t.co/AMu85MtfW2
— Guido Lorenzino (@GLorenzino) 27 de febrero de 2018
El pedido es sobre los 39 establecimientos educativos ubicados en Pellegrini, Castelli, Laprida, Lezama, Ayacucho, Tres Arroyos, Lincoln, Tres Lomas, Rauch, Tordillo, Pringles, Exaltación de la Cruz, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio, General Belgrano, Dolores, General Guido, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Villarino y Olavarría.
La semana pasada, el gobierno bonaerense acordó con los gremios docentes revisar la situación de los alumnos que asisten a 39 escuelas rurales y a ocho escuelas que funcionan en las Islas del Delta, tras la decisión de clausurarlas por "falta de matrícula" y reagrupar a los alumnos en otros colegios.
Durante una reunión efectuada con los gremios docentes la administración provincial se comprometió a revisar "caso por caso", tras asegurar que ningún alumno iba a viajar más de seis kilómetros hasta su nueva escuela.
Los gremios rechazaron el cierre y pidieron que se suspenda hasta el 31 de marzo próximo, mientras se debate con la comunidad educativa.
Fuente: Télam.
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