El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de una segunda etapa de la investigación por presuntas contrataciones irregulares en el organismo.

La medida judicial alcanza a su ex número dos, Daniel Garbellini, a los operadores Miguel Ángel y Ornella Calvette, y a un grupo de empresarios proveedores por maniobras desplegadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos para el Programa Incluir Salud, donde un relevamiento del Ministerio de Salud constató diferencias de precios superiores a los $7.833 millones entre medicamentos y prótesis.

El fallo judicial dio por probada la articulación entre las autoridades del área y actores privados para el direccionamiento de fondos públicos: “En definitiva, el conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo, principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas, operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas. Sus integrantes habrían actuado coordinadamente, mediante una distribución de funciones destinada a favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado Nacional”.

El circuito irregular abarcó seis rubros específicos, amputaciones, cardio, implantes auditivos, neuro, sillas y andadores, y traumatología, mediante la alteración de expedientes administrativos.

“La operatoria habría consistido en la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación de medicamentos e insumos PACBI, mediante la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas”, constató la resolución, señalando que “a través de ese mecanismo se habrían generado beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización”, en línea con lo evaluado por la Sala II de la Cámara Federal al advertir que “fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”.

La resolución judicial dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas, amplió la imputación de otras cinco y dictó la falta de mérito para 11 imputados con el fin de profundizar la pesquisa. En el plano penal, se atribuyeron los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y lavado de activos agravado, este último aplicado a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por operaciones financieras y comerciales vinculadas con la firma Baires Fly S.A.

La causa, delegada en la fiscalía federal conducida por Franco Picardi, continuará con nuevas medidas para delimitar las responsabilidades individuales dentro del entramado investigado. “Sin embargo, la significación penal de los hechos investigados no se agota en los sobreprecios que pudieron cuantificarse hasta el momento. Las pruebas reunidas permiten reconstruir la existencia de un mecanismo organizado de contratación pública que habría sido puesto al servicio de intereses particulares, mediante la intervención coordinada de funcionarios y empresarios que condicionaron decisiones administrativas en beneficio propio. Es precisamente esa actuación concertada, reiterada en numerosos procedimientos y acompañada por la circulación de beneficios indebidos, la que permite sostener provisoriamente la existencia del entramado delictivo investigado, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde atribuir individualmente a cada uno de sus integrantes”, concluyó la decisión del magistrado.