Tres delincuentes ingresaron a la vivienda mientras la pareja dormía, golpearon al hombre de 82 años y escaparon con dinero.
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Un jubilado murió tras ser golpeado durante una entradera en San Justo
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En el marco del juicio que investiga las causas del fallecimiento del astro deportivo, efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense encabezaron allanamientos en un sanatorio privado y en una empresa de medicina prepaga.
Las medidas se ejecutaron en el Sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio de Palermo, y en las oficinas de Swiss Medical. El objetivo de los operativos fue esclarecer una supuesta confusión vinculada a la revisión de la historia clínica del ex futbolista y la de su padre, fallecido en 2015, dentro de la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó el deceso en 2020.
Durante el procedimiento en la clínica, el director Navas recibió a las fuerzas de seguridad, que incautaron un total de 59 carillas de documentación de interés correspondientes a Diego Armando Maradona, además de papeles ligados al seudónimo que utilizaba para recibir atención. En simultáneo, durante el allanamiento en la sede de la prepaga, los efectivos se entrevistaron con el gerente Rabinovich, quien explicó que en dicho sector funciona el área legal de la firma y que allí no se guardaban estudios médicos ni historias clínicas.
La controversia surgió el martes pasado en los Tribunales de San Isidro durante la declaración del nefrólogo Trimarchi, quien prestó testimonio acerca de la supuesta "enfermedad renal crónica" atribuida al ídolo en el informe pericial de 138 páginas.
Al cotejar las evaluaciones de 2019 y 2020 con los registros de Diego Maradona padre, los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Edith Forlini, constataron que figuraban con números de socios distintos. Ante esa irregularidad, la defensa solicitó pedir informes a la empresa y enviar un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar los movimientos migratorios del exfutbolista ocurridos hace once años.
Por su parte, el abogado querellante Fernando Burlando confirmó que la próxima audiencia del debate se realizará el jueves 27 de agosto. Al ser consultado sobre el envío de la documentación perteneciente a Don Diego, el letrado sostuvo que "no se trató de un error". A raíz de las diligencias judiciales y del material secuestrado, el tribunal resolvió suspender las declaraciones testimoniales que debían prestar los psiquiatras José Luis Covelli y Enrique Gallego.
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