Las negociaciones dentro del oficialismo para avanzar con la reforma del régimen de tierras rurales sumaron un nuevo capítulo. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios incorporados por los senadores oficialistas junto a las bancadas dialoguistas al proyecto que busca eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Tras una reunión realizada este jueves en el Senado, de la que también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, Bullrich confirmó que el Gobierno respaldará la versión consensuada del dictamen. "El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados", aseguró ante los periodistas acreditados en la Cámara alta.

La definición representa un paso clave para destrabar una iniciativa que ya fue postergada en cuatro oportunidades debido a diferencias dentro del oficialismo y a la falta de respaldo suficiente entre los bloques aliados. La última suspensión ocurrió durante la sesión del 16 de julio.

Qué cambios incorpora el proyecto

Uno de los principales puntos de discusión era el alcance de las facultades de las provincias para intervenir en la autorización de operaciones de compra de tierras por parte de inversores extranjeros.

La nueva redacción establece que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre su territorio y podrá definir el régimen jurídico aplicable dentro de sus competencias. De este modo, se habilita a las legislaturas provinciales a dictar normas propias sobre la materia.

Consultada sobre esa posibilidad, Bullrich sostuvo que "las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias".

La legisladora explicó además que Sturzenegger había planteado algunas objeciones a los cambios introducidos, aunque finalmente aceptó la propuesta. "Tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho y le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones", señaló.

Provincias, fronteras y control estatal

El texto consensuado mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales, salvo que cuenten con la autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, establece que toda compra de tierras rurales por parte de extranjeros deberá inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales.

En el caso de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, la adquisición también requerirá la autorización conjunta de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

Otro de los cambios relevantes es la eliminación del mecanismo de silencio administrativo. La versión original contemplaba que, si la Nación o la provincia no emitían una respuesta en un plazo de seis meses, la operación quedaba aprobada automáticamente. Ese artículo fue eliminado durante las negociaciones parlamentarias.

El objetivo del oficialismo

Bullrich defendió el texto acordado y rechazó que la flexibilización del régimen implique riesgos para la soberanía nacional.

"Es un proyecto consensuado entre todos los bloques y no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros", afirmó.

Con el respaldo de Sturzenegger a las modificaciones negociadas en el Senado, el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para tratar la iniciativa el próximo 6 de agosto, una fecha que aparece como decisiva para uno de los proyectos impulsados por el Gobierno en materia de desregulación y atracción de inversiones.