El ex ministro de Planificación Julio De Vido fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la contratación de Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 lo encontró culpable como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La misma sentencia alcanzó al ex secretario de Energía, Daniel Cameron, quien recibió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, y al ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, condenado a dos años y seis meses de prisión condicional e igual sanción para ocupar cargos públicos. En tanto, Luis Beuret y Julio Armando Bragulat fueron absueltos.

Además de las penas, el tribunal dispuso que los condenados deberán fijar domicilio y permanecer bajo el control de un Patronato durante el plazo de sus condenas. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 4 de septiembre.

Antes de la lectura de la sentencia, De Vido agradeció al tribunal por las facilidades otorgadas tras haber sufrido "un problema cardíaco hace aproximadamente un mes", que le impidió asistir al debate, y destacó el trabajo de sus abogados durante el proceso.

Folgar, por su parte, cuestionó la extensión de la causa: "Estamos en el 2026 juzgando hechos del 2006. El paso del tiempo nos aleja de la idea de que el juicio pueda ser justo porque a veces no se puede producir prueba". También señaló que "muchos testigos no recordaban lo que habían hecho" y defendió las decisiones adoptadas durante su gestión al afirmar que "Argentina está en emergencia energética por falta de capacidad de transporte" y que las obras eran indispensables.

La investigación se centró en el presunto direccionamiento de las licitaciones para la segunda ampliación de los gasoductos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008. En su alegato, la fiscalía sostuvo que los exfuncionarios impulsaron un marco normativo que constituyó "un auténtico traje a medida de Odebrecht", mientras que las defensas reclamaron la absolución al sostener que las contrataciones respondieron a la emergencia energética que atravesaba el país.