Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.

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La medida se sustenta en la condena por lavado de activos, ratificada por la Corte Suprema. La defensa alegó que la suma supera el patrimonio del empresario y buscó frenar la ejecución.
Lázaro Báez deberá abonar una multa de más de 300 millones de dólares en pesos en el marco de la causa “Ruta del Dinero K”, en la que fue condenado por lavado de activos. El juez federal Néstor Costabel intimó al empresario, dueño de Austral Construcciones, a pagar el equivalente a USD 329.237.200,14 en un plazo de 10 días.
La sentencia se fundamenta en la condena del 28 de febrero de 2023 de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, ratificada por la Corte Suprema en mayo pasado, por la que Báez fue sentenciado a 10 años de prisión por blanquear USD 55 millones provenientes de evasión fiscal.
La defensa, encabezada por Juan Martín Villanueva, había pedido frenar la ejecución de la multa argumentando que la unificación de las penas de las causas “Ruta del Dinero K” y Vialidad —que suman 15 años— podría alterar la situación del empresario. También sostuvo que el monto reclamado, seis veces superior al valor de la operación por la que fue condenado, excede el patrimonio real de Báez. Costabel rechazó el planteo y le dio 10 días para abonar la multa, advirtiendo que de no hacerlo se avanzaría sobre su patrimonio.
En agosto pasado, el Tribunal Oral Federal N°4 había dispuesto el decomiso de USD 4 millones distribuidos entre cuentas en Bahamas y Suiza, además del remate de 56 propiedades pertenecientes a Báez y a su hijo Martín, quien también fue condenado en esta causa.
Un mes antes, el mismo juzgado había unificado en 15 años las penas de Báez por “Ruta del Dinero K” y Vialidad, mientras cumple prisión en un penal de Santa Cruz.
Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.
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Las dos víctimas fueron identificadas como Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer, ambos de la provincia de Santa Fe.
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La resolución fue impulsada por una acción de amparo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores junto a seis beneficiarios afectados.
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