Horas antes de que venza el plazo fijado por la Justicia, Cristina Fernández de Kirchner solicitó que se suspenda la ejecución de sus bienes y que se anule la resolución que la obliga a pagar, junto a otros ocho condenados en la causa Vialidad, un monto de 537 millones de dólares como reparación económica. La fecha límite para realizar el depósito en la cuenta del Banco Nación habilitada por el tribunal es este miércoles a las 9:30.

En el escrito presentado, la defensa cuestionó la metodología utilizada para fijar la suma a devolver. “La suma se torna técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, expresó su abogado, Carlos Beraldi, quien además objetó la elección del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC como base de cálculo en lugar de tasas bancarias.

La ex mandataria, por su parte, sostuvo: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”. También agregó que "no tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.

También afirmó que la evolución de su patrimonio “resulta absolutamente legítima”, al igual que la del resto de su familia y que "esta afirmación no es una elucubración defensista, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada".

El Tribunal Oral Federal N° 2, conformado por Gorini, Giménez Uriburu y Basso, otorgó un plazo de diez días hábiles para que los condenados definan la proporción que deberá abonar cada uno, dado que el pago no se divide en partes iguales. La resolución estableció el monto “como consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”, y dispuso el apercibimiento de ejecutar los bienes si no se cumple con el pago.

Los otros condenados son Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. La sentencia de 2022 los declaró responsables de la adjudicación irregular de 51 licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, la mayoría destinadas a empresas de Báez. En ese fallo, el perjuicio al Estado se había estimado en $85 millones. Sin embargo, el 12 de julio último se actualizó a $684.990 millones con el IPC como referencia.