La Cámara de Diputados se prepara para una sesión intensa este miércoles, la oposición tiene como objetivo darle media sanción a dos proyectos que marcan la agenda social y política de los últimos meses. Por un lado, la ley de emergencia en pediatría y residencias, más conocida como “Ley Garrahan”, y por otro, el proyecto que busca garantizar el financiamiento universitario.

Ambas iniciativas cuentan con dictamen desde principios de julio, tras forzar la apertura de las comisiones en el recinto. Aunque llegar al quórum no será fácil: anoche se estimaba entre 131 y 134 legisladores confirmados, apenas por encima del piso necesario de 129.

Desde el oficialismo, la estrategia es clara, buscan presionar a gobernadores y aliados para evitar que se alcance el número y, si la sesión se inicia, desgastarla. El Gobierno advierte que el temario es “kilométrico” y que podrían ser necesarias hasta 38 horas de debate. Sin embargo, desde la oposición anticipan que intentarán acotar las intervenciones y evitar dilaciones como homenajes, cuestiones de privilegio o apartamientos de reglamento.

Los dos grandes debates que encabezarán la jornada tienen fuerte impacto social. El proyecto de emergencia en pediatría no solo busca declarar la situación crítica del sector por un año, sino también dar marcha atrás con la resolución del Ministerio de Salud que convirtió las becas de residencia en optativas. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la equiparación salarial implicaría un costo fiscal adicional de más de $65.500 millones entre julio y diciembre, y $133.000 millones anualizados.

El proyecto universitario, en tanto, establece la obligación del Poder Ejecutivo de convocar paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre del año pasado. En un contexto de ajuste, las universidades públicas vienen denunciando la asfixia presupuestaria como parte del vaciamiento general del sistema educativo.

En paralelo, los bloques opositores intentarán insistir con la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, que ya fue vetada por Javier Milei pero cuenta con aprobación en el Senado. Para avanzar, necesitarían dos tercios de los votos, algo que es difícil conseguir ante la fractura en la Cámara baja.

Además, buscarán avanzar con los proyectos impulsados por los gobernadores que reclaman coparticipar los fondos de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y del impuesto a los combustibles. Y también destrabar la parálisis en la comisión investigadora del caso $LIBRA, el escándalo cripto que salpica a distintos sectores del poder. Para eso, esperan aprobar una iniciativa de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que propone romper el empate interno que impide el avance del dictamen.

Tensión en los bloques

Todo dependerá de cómo se muevan algunos sectores clave. La bancada de Innovación Federal, que responde a varios gobernadores, recién se reunirá horas antes de la sesión. También está en el centro de la escena el comportamiento del radicalismo y se descuenta que al menos tres o cuatro legisladores del bloque de Rodrigo De Loredo se desmarcarán para acompañar la sesión.

La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal (Miguel Ángel Pichetto), Democracia para Siempre (espacio referenciado en Facundo Manes y Martín Lousteau), la Coalición Cívica y la Izquierda. Todos coinciden en que los temas que se ponen en debate no pueden seguir esperando.