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El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que, "desde lo técnico y lo moral, no le temblaría el pulso en aplicar la pena de muerte". Sin embargo, remarcó que "uno corre riesgo de ejecutar a un inocente" por "la imperfección del sistema judicial".
El miércoles por la noche, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló sobre los hechos de inseguridad que se viven en la Argentina y en su distrito tras el homicidio de Roberto Sabo, el kiosquero que fue asesinado por una pareja de delincuentes mientras atendía su negocio.
Con las diversas propuestas que plantearon diversos sectores de la oposición (entre ellas la de José Luis Espert, que sentenció que la cuestión se trata de "cárcel o bala"), el titular de la cartera bonaerense aseguró, en diálogo con A24, que desde el punto de vista moral "no temblaría" en aplicar el castigo capital, pero aclaró que hay cuestiones técnicas que harían inviable su implementación.
"Soy católico, la vida solo la puede sacar aquél que la da, desde lo técnico y lo moral no me temblaría el pulso en aplicar la pena de muerte, no me asustaría aplicarla", fueron sus palabras, pero subrayó que, en el aspecto técnico, "uno corre el riesgo de ejecutar a un inocente" por "la imperfección del sistema judicial".
Dadas las circunstancias, Berni apuntó contra los dirigentes opositores que recrudecieron su postura sobre la inseguridad en el tramo final de la campaña. "Durante los cuatro años de Macri hubo pena de muerte", afirmó manifestó. Ante la sorpresa de los periodistas presentes, explicó que el expresidente firmó "un decreto para aplicar la Ley de Derribo".
"En ese marketing de la lucha contra el narcotráfico, la Ley de Derribo es una pena de muerte peor que la tradicional que conocemos de países como Estados Unidos, donde hay un juicio previo y la posibilidad defensa, en esta caso no", agregó, y preguntó: "¿Cuántos aviones derribaron? Ninguno. En Argentina hubo pena de muerte, la inventó Macri como parte del marketing pero hubo cero derribos".
La primera actividad pública del presidente será en Casa Rosada, encabezando un reconocimiento al economista español y referente anarcocapitalista.
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