Los cambios fueron formalizados mediante la resolución 927/2025 y forman parte de la reestructuración iniciada en 2025.

Nombran al jefe del "FBI argentino" en el proceso de reforma de la Policía Federal
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Se trata de Martín Bustos, implicado también en la causa por abusos a los jugadores de las inferiores de Independiente.
La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario, Carla Cerliani, pidió cuatro años de prisión efectiva para el árbitro Martín Bustos, acusado por el delito de grooming (acoso sexual) contra al menos dos jugadores menores de edad de Newell's, y además elevó la causa a juicio.
El planteo de la fiscal se da luego de que Bustos decidiera no avalar un juicio abreviado al que iba a ser sometido y que ya había firmado.
La prisión preventiva de 90 días que le habían dictado al árbitro vencería mañana viernes, pero la fiscal no pidió prorrogarla. Sin embargo, continuará detenido ya que la causa que se le inició en Rosario le hizo perder la libertad en la que se investigan los abusos en el club Independiente.
Bustos quedó detenido en junio pasado en el estacionamiento del Mercado del Patio, en la esquina de Cafferata y Córdoba, de Rosario, luego de la denuncia de las autoridades de Newell's.
Bustos usaba su nombre de pila pero no su apellido y aunque nunca llegó a tener contacto personal con el menor, a quien le resultaron sospechosos los mensajes y por eso decidió contárselo al psicólogo del club, que de inmediato hizo la denuncia en la fiscalía a cargo de Carla Cerliani.
El árbitro había sido detenido en marzo de 2018 acusado de formar parte de una banda que promovía el abuso de menores, donde él captaba chicos en las redes sociales, principalmente del club Independiente.
En septiembre del mismo año, fue liberado luego que la Sala I de Lomas de Zamora cambiara la carátula de "abuso sexual de menores" a "promoción a la corrupción de menores".
Tras ser detenido en junio último en Rosario por la causa de grooming, la fiscal María Soledad Garibaldi, a cargo del expediente de Independiente pidió que se le revocara esa excarcelación y solicitó su prisión preventiva.
Los cambios fueron formalizados mediante la resolución 927/2025 y forman parte de la reestructuración iniciada en 2025.
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