Los cambios fueron formalizados mediante la resolución 927/2025 y forman parte de la reestructuración iniciada en 2025.

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Treinta y tres senadores acompañaron la propuesta enviada por Alfredo Cornejo en su último discurso del 1 de mayo.
Durante la mañana de hoy martes, se obtuvo la media sanción para el proyecto enviado por el Ejecutivo, el 1° de mayo pasado. La norma obtuvo 33 votos afirmativos y uno en contra, pasando a Diputados para su revisión.
El texto recibió dictamen el miércoles pasado, luego de un encuentro de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales con representantes de la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes, quienes apoyaron la propuesta.
Dentro de los fundamentos se explica que: "se pretende desalentar la compra de bienes de dudosa procedencia, como así también la presencia del estado en el control permanente de los establecimientos dedicados a la compra y venta de autopartes y de neumáticos, no sólo con fines tributarios y administrativos, sino en la lucha contra el delito y contra la inseguridad, desarticulando de este modo el circuito de venta clandestina de autopartes, cubiertas y neumáticos".
El cambio que plantea proyecto con la legislación actual es la destrucción de los elementos decomisados. Hasta ahora, cuando se reconocía que un producto era robado quedaba en muchas ocasiones en el mismo desarmadero.
Las diferentes posición se hicieron escuchar en el recinto, Marcelo Rubio, presidente de la Comisión de LAC, destacó el trabajo que se realizó en la Comisión. “Recibimos, para debatir esta iniciativa, al ministro de Seguridad Gianni Venier y a la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes. Establece un procedimiento mucho más ágil, es importante determinar que se han incrementado en forma alarmante el robo tanto de automóviles como autopartes, era necesaria la intervención del Ejecutivo porque está en riesgo la vida de las personas”, dijo.
Por su parte, Lautaro Jiménez enfatizó los motivos por los cuales su bloque no acompañó la propuesta. “Establecen multas para las personas que haya comprado un elemento robado, muchas veces no tienen herramientas para saber el origen del producto comprado”, indicó.
La senadora Patricia Fadel se refirió a este tema: “Con esta propuesta se ataca al que compra, pero no al que roba. Lo más grave es que terminamos penando al que está victimizado”, afirmó.
Los cambios fueron formalizados mediante la resolución 927/2025 y forman parte de la reestructuración iniciada en 2025.
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