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La Corte Suprema ordenó publicar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

Con la disidencia de Rosenkrantz, los jueces rechazaron los argumentos de confidencialidad del Ejecutivo y exigieron entregar los informes sin datos personales.

La Corte Suprema ordenó publicar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Poder Ejecutivo hacer públicos los resultados de todos los establecimientos educativos e instituciones de Salta que participaron en los Operativos Aprender y Enseñar de 2016 y 2017. La decisión hizo lugar al amparo de un ciudadano con las firmas de los jueces Rosatti y Lorenzetti, junto a los conjueces Vallefín (La Plata) y Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal), mientras que Rosenkrantz votó en disidencia.

El conflicto judicial empezó en 2019, cuando Rafael Aurelio Argañaraz Olivero demandó al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación para acceder a "la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017". En ese momento, la Secretaría de Evaluación Educativa rechazó el pedido por considerarlo confidencial y solo ofreció cifras a nivel municipal.

Ante la Justicia, el Estado argumentó que publicar esos reportes frustraría una investigación estadística y permitiría armar un ranking de escuelas "no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos" de los alumnos o sus familias. Aunque el planteo prosperó en primera instancia, la Cámara Federal de Salta revocó ese fallo y ordenó entregar los informes sin datos personales de estudiantes ni docentes, una postura que el Gobierno apeló ante el máximo tribunal.

Al confirmar la entrega de la documentación, la Corte rechazó el criterio de secreto estatal porque "la información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno". En el fallo, los magistrados recordaron el valor del control ciudadano, ya que "no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan".

Para el voto mayoritario, los operativos Aprender y Enseñar "no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad" sino que "reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales". Por eso descartaron los temores del Ejecutivo, dado que "hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la 'igualdad real de oportunidades' antes que a estigmatizar alumnos y docentes", y consideraron que detallar los resultados por escuela "persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible".

El tribunal señaló además que conocer los datos por establecimiento permite verificar el cumplimiento de derechos básicos, puesto que "acceder a sus resultados, entonces, permitiría cotejar que el Estado Nacional haya dado cumplimiento con su deber de garantizar, efectivamente, el derecho constitucional de los pueblos originarios a acceder a una educación bilingüe e intercultural" y de "asegurar las condiciones materiales y culturales para lograr aprendizajes comunes de buena calidad, con independencia del origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural de cada estudiante".

Por último, aunque aclaró que el acceso a la información "no es un derecho absoluto" y debe proteger la intimidad y el honor de los participantes, el fallo cerró la discusión porque "ello deja huérfano de todo sustento las argumentaciones desarrolladas por la parte demandada".

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