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El Gobierno adjudicó la privatización de AySA por u$s340 millones y fijó una fecha límite para la firma

El Ministerio de Economía eligió al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor para quedarse con el 90% de las acciones estatales de la empresa. La operación quedó bajo cuestionamiento por presuntos conflictos de intereses y una denuncia que pide investigar la valuación de la compañía.

El Gobierno adjudicó la privatización de AySA por u$s340 millones y fijó una fecha límite para la firma

El Gobierno avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y adjudicó la venta del 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional por u$s340,2 millones. La decisión quedó oficializada este jueves mediante una resolución del Ministerio de Economía, que estableció el 13 de noviembre como fecha límite para firmar el contrato de compraventa.

La oferta seleccionada corresponde al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX Aqua AR B.V. y Transclor S.A. En segundo lugar quedó el grupo conformado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, que ofreció u$s285 millones, en ambos casos sin IVA.

La adjudicación representa otro paso en el programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. Sin embargo, el proceso también quedó atravesado por cuestionamientos sobre los criterios utilizados para determinar el valor de la compañía y posibles vínculos entre empresas relacionadas con el consorcio ganador y aportantes a la campaña electoral de La Libertad Avanza.

Cómo sigue la privatización de AySA

La Resolución 1818/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo, formalizó la adjudicación después de que la Comisión de Evaluación recomendara elegir la propuesta mejor posicionada. Según la norma, el dictamen no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto y las ofertas económicas fueron consideradas razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La resolución también instruyó a la Tesorería General de la Nación a informar al adjudicatario la cuenta en la que deberá depositar el pago. Además, corrigió el modelo de contrato para precisar que la operación comprende 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, que representan el 90% del capital social y de los votos de AySA.

El proceso se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la compañía sujeta a privatización. En julio de 2025, el Decreto 494 habilitó la venta de la empresa y, en mayo de 2026, el Gobierno convocó a una licitación para transferir la totalidad de las acciones estatales a un operador estratégico.

Los cuestionamientos por el precio y los vínculos empresarios

La adjudicación abrió interrogantes sobre el monto de la operación y los antecedentes de algunas firmas relacionadas con el grupo ganador. Los cuestionamientos apuntan a los vínculos de Rowing con Equo Capital, conglomerado que reúne a Direct Group y Lógico. Según información pública de la Cámara Nacional Electoral, ambas empresas aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025.

Las contribuciones se realizaron el 28 y el 29 de julio de ese año, de acuerdo con esos registros. Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, señaló esos vínculos en medio de las objeciones al proceso de transferencia de la empresa al sector privado.

En paralelo, cuatro integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones —las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich— presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investiguen las condiciones de la licitación y las tasaciones utilizadas para establecer el valor de AySA.

Los legisladores cuestionaron que los informes de valuación permanecieran bajo reserva y plantearon dudas sobre la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Según la presentación, el organismo había advertido limitaciones para aplicar el método impulsado por el Gobierno, basado en los ingresos esperados, las inversiones previstas y los costos operativos, dado que su tarea se concentra en la valoración de activos físicos.

La denuncia sostiene que la tasación quedó a cargo de una unidad creada para ese fin dentro del BICE y reclama que se esclarezcan los criterios empleados para determinar el precio de la compañía. También solicita que se evalúen posibles responsabilidades administrativas o penales.

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