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La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó formalmente sin efecto su sentencia contra la República Argentina y cerró la etapa de primera instancia en el litigio por la estatización de YPF. La resolución dio por concluida la intervención del tribunal neoyorquino en la causa originada por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Con esta orden, la magistrada anuló el fallo de 2023 que obligaba al país al pago de 16.100 millones de dólares, una suma que con los intereses acumulados superaba los USD 18.000 millones. La medida adoptada en Manhattan dio cumplimiento a la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, tribunal que en marzo revocó la condena económica bajo el criterio de una errónea interpretación de la ley argentina por parte del juzgado de origen.
Con los votos favorables de los jueces Denny Chin y Beth Robinson y la disidencia de José Cabranes, el tribunal de alzada determinó que la legislación de expropiaciones argentina prohíbe demandas de terceros con capacidad de interferencia en el proceso expropiatorio. La resolución judicial añadió que el estatuto de la compañía no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños y perjuicios. En junio, el pleno de la Cámara rechazó una petición de revisión y agotó la vía de apelación ordinaria.
La definición final del conflicto recae ahora sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos. A comienzos de octubre, el fondo de litigios Burford Capital -financista del reclamo iniciado originalmente por las firmas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park- elevó un recurso de certiorari ante el máximo tribunal norteamericano, en el cual calificó la resolución de la Cámara de Apelaciones como gravemente errónea, sin precedentes y de consecuencias de gran relevancia.
La aceptación del expediente queda sujeta a la discrecionalidad de la Corte Suprema, que recibe anualmente entre 7.000 y 8.000 presentaciones y concede la revisión de cerca de 80 casos, sin un plazo determinado para su pronunciamiento. De forma simultánea, Burford abrió un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
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