El gobierno de Gran Bretaña dispuso un paquete de medidas para blindar a las compañías y particulares que operan en las Islas Malvinas ante las acciones legales y comerciales promovidas por Argentina. La decisión profundizó la controversia bilateral sobre el archipiélago del Atlántico Sur en torno a la explotación de recursos naturales y la defensa de la soberanía nacional en la plataforma continental.

A través de un comunicado oficial difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores británica titulado “Las empresas estarán protegidas de la coerción económica argentina”, la administración del primer ministro Andy Burnham confirmó la aplicación de la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI). “Las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas”, remarcó el documento respecto al régimen legal.

La resolución de Londres respondió a la presentación formal que la administración de Javier Milei realizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que paralicen el proyecto petrolero Sea Lion, previsto para extraer crudo a partir de 2028. “Este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”, advirtió la administración británica tras el reclamo que busca frenar la actividad hidrocarburífera unilateral en la zona en litigio.

“El apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es inquebrantable”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, tras considerar inaceptables los intentos de aplicar la legislación argentina. “Las empresas deben tener la libertad de tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de coacción política”, señaló el funcionario exterior al manifestar que defenderán “a los habitantes de las Islas Malvinas, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo”.

El esquema británico impulsará normativa secundaria con la meta de que entre en vigor antes de finalizar el año, a fin de bloquear el cumplimiento de sanciones extraterritoriales fijadas por la legislación argentina. En ese marco, el gobierno de Burnham ratificó su respaldo incondicional a la administración colonial del archipiélago y adelantó que analiza todas las opciones disponibles para garantizar las actividades comerciales en el territorio.