El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), resolvió extender la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111, donde cumple la pena de 6 años de prisión por la causa Vialidad.
En la resolución, el magistrado concluyó que la ex mandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y las reglas de visita, según los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).
Las evaluaciones periódicas de la DCAEP señalaron que en las entrevistas aleatorias la ex jefa de Estado “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”. Asimismo, el reporte constató una única salida médica autorizada realizada “sin inconvenientes” y determinó que las movilizaciones en las inmediaciones no generaron conductas que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario”.
Al prorrogar el beneficio, Giménez Uriburu sostuvo: “Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”.
La decisión judicial coincidió con la confirmación por parte del TOF 2 del embargo preventivo sobre bienes de los condenados, incluido el inmueble de San José 1111, para cubrir un eventual decomiso de $685.000 millones, además del rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal a los recursos interpuestos por la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia por inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. En paralelo, la Justicia investiga la compra del piso inferior a la unidad de la ex mandataria realizada por la dirigente de La Cámpora, María Soledad Calle, para la sede de una fundación, en un edificio donde también posee un departamento el senador nacional del PJ Mariano Recalde.