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La Procuración del Tesoro presentó un pedido de revisión ante la Cámara de Apelaciones de Washington para intentar frenar o demorar la ejecución del laudo del CIADI por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. Si el planteo es rechazado, el Gobierno podría recurrir a la Corte Suprema estadounidense.
El Gobierno argentino decidió jugar una de sus últimas cartas judiciales en Estados Unidos para intentar evitar el pago de más de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La disputa, que lleva más de una década, llegó a una instancia decisiva luego de que la Justicia estadounidense reconociera la validez del laudo del CIADI y habilitara su eventual ejecución sobre activos argentinos.
La estrategia oficial apunta ahora a mantener abierta la discusión judicial, cuestionar aspectos vinculados con los plazos procesales y, sobre todo, ganar tiempo frente a un eventual avance del fondo que reclama el pago.
El conflicto se remonta a la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones más intereses al grupo español Marsans, que había sido propietario de las compañías.
Con el paso de los años, los derechos derivados del fallo fueron adquiridos por distintos actores financieros, entre ellos Burford Capital y posteriormente Titan Consortium, que actualmente reclama US$390,9 millones, además de los intereses acumulados desde diciembre de 2024.
La disputa llegó a los tribunales de Washington después de que Titan solicitara el reconocimiento y la ejecución del laudo en Estados Unidos.
La Argentina intentó frenar ese proceso con el argumento de que el reclamo había prescripto. Según la posición oficial, el plazo para iniciar la acción era de tres años. Sin embargo, la Corte de Distrito de Columbia consideró que el período aplicable era de doce años y reconoció la condena, incluidos los intereses y las costas.
El revés para el Gobierno se profundizó en julio, cuando la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la decisión de primera instancia y rechazó el argumento argentino sobre la prescripción.
Con ese fallo, Titan quedó en condiciones de avanzar con el proceso para intentar cobrar la sentencia mediante activos argentinos alcanzados por la jurisdicción estadounidense.
Ante ese escenario, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un pedido de revisión ante la propia Cámara de Apelaciones. Se trata de un paso previo a una eventual presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El objetivo es que el tribunal reconsidere aspectos procesales vinculados con el plazo para reconocer y ejecutar el laudo y, en el mejor escenario para el Gobierno, mantener abierta la discusión sobre los tiempos y las condiciones de pago.
Por ahora, la estrategia oficial no contempla necesariamente un pedido explícito de suspensión inmediata de la sentencia. En el Gobierno consideran que esa herramienta no se adapta completamente a la etapa actual del expediente.
Sin embargo, el equipo jurídico analiza distintas alternativas procesales para evitar que Titan pueda avanzar rápidamente sobre bienes argentinos en Estados Unidos.
Si la Cámara de Apelaciones rechaza el pedido de revisión, la Argentina todavía podría intentar llegar a la Corte Suprema estadounidense. Las posibilidades de que el máximo tribunal tome el caso son acotadas, pero esa instancia permitiría extender los tiempos judiciales y abrir eventualmente un espacio para negociar un acuerdo o una reestructuración del pago.
En la Casa Rosada también miran el antecedente reciente del litigio por YPF, donde el Gobierno consiguió un resultado favorable frente a una ofensiva de Burford.
En ese expediente, la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria impulsada por el fondo y evitó, al menos en esa instancia, que avanzara una condena contra la Argentina por unos US$18.000 millones.
La Procuración del Tesoro busca aplicar parte de esa experiencia al caso Aerolíneas, aunque se trata de procesos diferentes y con marcos jurídicos propios.
El reclamo por Aerolíneas Argentinas vuelve a poner bajo la lupa el impacto económico de las reestatizaciones y las decisiones adoptadas por distintos gobiernos argentinos.
Más allá de la discusión política sobre la conveniencia de recuperar el control estatal de determinadas empresas, el conflicto actual se concentra en una cuestión concreta: cómo y cuándo puede ejecutarse un laudo del CIADI contra la Argentina en territorio estadounidense.
Para el Gobierno de Javier Milei, un desembolso cercano a los US$400 millones representaría una presión adicional en un contexto de fuerte disciplina fiscal y restricciones externas.
Por eso, la estrategia judicial combina la defensa técnica del Estado con un objetivo económico: evitar un pago inmediato y preservar margen de maniobra para las cuentas públicas.
El expediente de Aerolíneas forma parte de un escenario más amplio de litigios que la Argentina enfrenta en tribunales extranjeros. Entre ellos aparece también el reclamo de la constructora italiana Webuild por el congelamiento de tarifas vinculado con el puente Rosario-Victoria.
Cada uno de estos procesos representa un potencial impacto sobre las finanzas públicas y plantea nuevos desafíos para el Estado argentino a la hora de defender decisiones tomadas en materia económica y de propiedad estatal.
Ahora, el Gobierno apuesta a que la Justicia estadounidense vuelva a revisar el caso Aerolíneas. Si la Cámara mantiene su postura, quedará abierta la posibilidad de acudir a la Corte Suprema. Mientras tanto, la estrategia oficial será intentar ganar tiempo, evitar una ejecución acelerada y, en paralelo, explorar alternativas de negociación.
El desenlace determinará si la Argentina consigue prolongar la disputa judicial o si el laudo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas se convierte finalmente en otro costo millonario derivado de las reestatizaciones.
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