El Senado volvió a poner en agenda una de las reformas más disruptivas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La Comisión de Legislación General retomó este martes el tratamiento del proyecto de Ley General de Sociedades, enviado por el Poder Ejecutivo y promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La iniciativa busca reemplazar la Ley 19.550, vigente desde 1972, y adaptar el funcionamiento de las empresas a las nuevas tecnologías. Entre sus puntos más novedosos aparecen la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para funciones operativas y decisiones administrativas, la creación de sociedades capaces de funcionar de manera autónoma y la incorporación de activos digitales y criptoactivos como parte del capital social.

El oficialismo pretende que el proyecto avance hacia un dictamen en la próxima reunión de comisión, aunque antes busca alcanzar acuerdos con los bloques de la oposición dialoguista.

Qué propone el proyecto de Sturzenegger

La reforma plantea una digitalización integral de los procesos societarios. Entre otras modificaciones, habilita registros y libros digitales, permite constituir sociedades mediante firmas digitales o electrónicas y crea la figura de la “sede electrónica”, para que determinadas notificaciones legales puedan realizarse de manera virtual.

Uno de los puntos que genera mayor debate es la creación de las denominadas Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO). Se trata de entidades que podrían funcionar mediante protocolos de gobernanza tecnológica y redes de registro distribuido.

Además, el texto contempla que las sociedades puedan utilizar sistemas de inteligencia artificial o algoritmos para ejecutar funciones operativas y determinadas decisiones administrativas. Por eso, uno de los principales focos de la discusión pasa por cómo se determina la responsabilidad cuando una decisión empresarial es tomada o ejecutada por sistemas automatizados.

La reforma también permitiría incorporar activos digitales y criptoactivos con valoración económica como aportes al capital. A su vez, las acciones de sociedades anónimas podrían estar representadas mediante tokens.

Otro cambio apunta al objeto social, ya que esta iniciativa abandona la idea de que una sociedad debe quedar atada a una actividad específica y permite establecer objetos amplios y plurales. Incluso, ante la ausencia de una previsión concreta en el estatuto, la empresa quedaría habilitada para realizar cualquier actividad lícita.

Miradas en contra y a favor del proyecto

La reunión tuvo además un fuerte componente político. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, protagonizó un cruce con Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia durante el kirchnerismo.

Nissen cuestionó duramente la iniciativa y sostuvo que el proyecto podría convertir a las sociedades comerciales en un ámbito que facilite actuaciones deshonestas. En ese sentido, planteó que “la finalidad principal de este proyecto es que el empresario no responda por nada”.

Bullrich respondió con críticas a la gestión de Nissen al frente de la IGJ y lo acusó de haber limitado el funcionamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). “Destruyó la posibilidad que tenían los jóvenes y emprendedores de comenzar con una SAS”, le reprochó.

La discusión sobre las SAS es otro de los ejes de la reforma. El proyecto busca incorporarlas de manera integral al régimen general de sociedades y mantener su característica de mayor agilidad para emprendedores.

También hubo expositores que respaldaron el proyecto. El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, sostuvo que la reforma contribuye a modernizar el sistema y facilita el monitoreo de las sociedades y la trazabilidad de sus operaciones, en línea con los requerimientos internacionales.

El abogado Sebastián Balbín, por su parte, consideró que la legislación actual fue diseñada para “una economía, una tecnología y unas empresas que hoy no existen”.