Emanuel Alejandro Ocaña Francia, un hombre de Salta, presentó una demanda de daños y perjuicios contra AstraZeneca S.A. y el Estado nacional por $191.066.282,99. Según su presentación, atribuye distintos problemas de salud a las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 que recibió durante 2021.

Ocaña recibió la primera dosis el 17 de junio de 2021 y la segunda el 29 de agosto del mismo año, ambas en establecimientos sanitarios de Salta. De acuerdo con la demanda, posteriormente comenzó a atravesar distintos episodios médicos, entre ellos convulsiones y alteraciones cardiovasculares, renales y neurológicas que derivaron en internaciones y tratamientos.

Entre los diagnósticos mencionados en la documentación aparecen síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, enfermedad renal, trombocitopenia y secuelas neurológicas. Una historia clínica del Hospital San Bernardo, correspondiente a una internación de octubre de 2022, consignó episodios convulsivos y una hipertensión arterial severa, además de lesiones cerebrales observadas en estudios.

La demanda también señala que en noviembre de 2023 fue atendido en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se realizaron nuevos estudios y se evaluaron alternativas terapéuticas. Según la documentación presentada por el hombre, en ese período recibió diagnósticos vinculados al síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, alteraciones renales y epilepsia asociada a lesiones encefálicas.

El reclamo incluye $28 millones por daño moral, $700.000 por daño emergente y más de $50 millones en concepto de daño punitivo contra AstraZeneca, además de una indemnización por incapacidad sobreviniente. También solicitó, de manera subsidiaria, acceder al Fondo de Reparación Covid-19 previsto por la Ley 27.573, que calculó en $63.817.680.

Ahora, uno de los puntos centrales que deberá resolver la Justicia será determinar si existe una relación causal entre la vacunación y las patologías denunciadas. La parte demandante aportó un análisis médico-legal particular que estimó una incapacidad del 70% y pidió una pericia médica oficial para establecer las enfermedades, sus secuelas y si pueden ser vinculadas con las dosis recibidas. Esa relación causal es una afirmación de la demanda y deberá ser evaluada con las pruebas que se incorporen durante el proceso.

Con información de NA