El Senado se prepara para una jornada de alta tensión política este jueves 6 de agosto, cuando se debata la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos más importantes impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Mientras el oficialismo busca reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, feministas y ambientalistas convocaron a una movilización frente al Congreso para expresar su rechazo.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, coordina un amplio operativo junto con las autoridades porteñas para garantizar el desarrollo de la sesión y evitar cortes totales de calles y avenidas.

Cómo será el operativo de seguridad

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno desplegará un esquema similar al utilizado en otras movilizaciones de gran convocatoria.

El Congreso permanecerá vallado y la custodia estará a cargo de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El operativo incluirá un refuerzo de vallas alrededor de la Plaza del Congreso y en los principales accesos, como las avenidas Rivadavia, Entre Ríos, Callao e Hipólito Yrigoyen, además de la calle Riobamba.

Desde la Casa Rosada también mantienen conversaciones con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad para coordinar el dispositivo que buscará garantizar la circulación vehicular y peatonal durante la protesta. Además, no se descarta la realización de controles preventivos sobre quienes participen de la movilización.

El oficialismo confía en conseguir los votos

En las horas previas al debate, el clima en el oficialismo es de moderado optimismo. Tras los cambios incorporados al proyecto a partir de negociaciones con bloques aliados, en La Libertad Avanza consideran que existen posibilidades concretas de alcanzar la aprobación.

Fuentes del espacio señalaron que la negociación continúa "minuto a minuto", mientras buscan consolidar el respaldo necesario para una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

Qué organizaciones convocan a la protesta

Entre quienes rechazan la ley se encuentran la CGT, las dos CTA, sindicatos de izquierda, organizaciones sociales y políticas, además de colectivos feministas, estudiantiles y ambientalistas, que durante los últimos días coordinaron una convocatoria conjunta frente al Congreso.

También participará la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que junto con la CGT y las CTA brindará una conferencia de prensa para explicar los motivos por los que consideran que la norma perjudica el interés nacional.

Los cuestionamientos al proyecto

Desde la conducción de la CGT sostienen que la iniciativa no representa una defensa de la propiedad privada, sino una flexibilización de las regulaciones vigentes sobre la adquisición de tierras.

El triunviro Cristian Jerónimo cuestionó el proyecto al señalar que podría favorecer la concentración de recursos estratégicos y recordó como antecedente el conflicto por el acceso público a Lago Escondido.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) advirtió que la reforma eliminaría o ampliaría los límites actuales para la compra de tierras por parte de extranjeros —hoy fijados en un máximo del 15% del territorio nacional y departamental, además de restricciones sobre la superficie por titular—, lo que, según la central sindical, facilitaría el acceso de grandes corporaciones transnacionales a recursos estratégicos del país.

Con un debate parlamentario que promete extenderse durante buena parte de la jornada y una movilización convocada frente al Congreso, el jueves se perfila como un nuevo capítulo de alta tensión política entre el Gobierno, la oposición y las organizaciones que cuestionan el proyecto.