Decidido a destrabar la aprobación del proyecto de ley denominado "de inviolabilidad de la propiedad privada", La Libertad Avanza (LLA) en el Senado aceptó introducir cambios en el capítulo de venta de tierras productivas a extranjeros antes de discutirlo en el recinto.

Según adelantó la periodista Deborah de Urieta, el borrador de la nueva versión de la iniciativa elevaría del 15 al 25% el límite máxima para la tenencia de tierras productivas por parte de extranjeros en cada provincia. De acuerdo con la información que publicó en Ámbito, el texto ya habría comenzado a circular entre la bancada libertaria y sus aliados.

La intención original del oficialismo era eliminar el límite legal a la venta de tierras productivas a personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero frente a la falta de votos y la resistencia que anticipaban los bloques dialoguistas, decidió ceder. Los cambios serían anunciados mañana por la jefa de los libertarios en la Cámara alta, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa.

La ley 26.737 de Tierras Rurales vigente establece un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal. Además, aclara que en ningún caso las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera podrán concentrar más del 30% de ese cupo y fija en 1.000 hectáreas el límite en la zona núcleo.

El proyecto del Gobierno, ideado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, borraba cualquier tope. Pero ante la dificultad para reunir los votos para aprobar la iniciativa, el oficialismo reculó. Es que de insistir con la versión original, la ley estaba destinada a fracasar.

Pasado el cuarto intermedio dictado a mediados de julio, el debate del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada está previsto para este jueves en el Senado. Con la vicepresidenta Victoria Villarruel al frente del Ejecutivo -Javier Milei viaja a Ecuador y Colombia-, el debate será llevado adelante por el presidente provisional, Bartolomé Abdala.

En las afueras del Congreso, las organizaciones sociales y partidos opositores al Gobierno prometen copar las calles para manifestarse contra el proyecto.