El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo endurecimiento de la política migratoria al habilitar la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio contra argentinos, inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

La decisión quedó establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a su Gabinete. La norma modifica la Ley de Migraciones 25.871 e incorpora nuevas causales tanto para impedir el ingreso al país como para cancelar residencias ya otorgadas.

La medida responde a "las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos", según precisó la Oficina del Presidente. En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que "la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Entre los cambios introducidos por el decreto, las autoridades migratorias podrán rechazar el ingreso de personas que hayan dirigido "mensajes de odio" de forma oral o escrita o que hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad.

La normativa también alcanza a quienes hayan participado en actos considerados como ultraje a los símbolos patrios nacionales o promovido ese tipo de acciones. En esos casos, si la persona ya reside en Argentina, las nuevas disposiciones permiten cancelar su residencia y, según las circunstancias, intimarla a abandonar el país o disponer directamente su expulsión.

En los fundamentos del DNU, el Gobierno argumentó que en los últimos tiempos "han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional", situación que, según sostiene, representa un riesgo para la convivencia social.

Al mismo tiempo, el decreto aclara que las nuevas causales no podrán aplicarse a expresiones de disenso ideológico ni a críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de la libertad de expresión garantizada por la Constitución.

Además, el texto cita disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para justificar la reforma y sostiene que las restricciones son compatibles con la protección de la seguridad nacional, el orden público y los derechos de terceros.