La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto conocido como súper RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca atraer inversiones de gran escala en sectores vinculados a la tecnología, la inteligencia artificial, la energía y la movilidad eléctrica.

La propuesta recibió media sanción con 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones, gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y distintos bloques provinciales. Ahora será enviada al Senado para su tratamiento definitivo.

Durante la sesión estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió el debate desde uno de los palcos del recinto.

Qué es el súper RIGI

El proyecto amplía los beneficios contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases, y crea un esquema especial destinado a proyectos que comprometan inversiones superiores a los USD 1.000 millones.

Según el Gobierno, el objetivo es fomentar la llegada de industrias consideradas estratégicas y promover actividades que actualmente no tienen desarrollo significativo en el país, especialmente aquellas vinculadas a infraestructura tecnológica, inteligencia artificial, centros de datos, energías avanzadas y fabricación de vehículos eléctricos.

La iniciativa establece beneficios fiscales, regulatorios, aduaneros y cambiarios por un plazo de 30 años. Entre las principales ventajas se destacan una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad tributaria, exenciones para importaciones y exportaciones, amortización acelerada de inversiones y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales en caso de conflictos con el Estado argentino y considera a los proyectos alcanzados como inversiones protegidas bajo tratados internacionales.

Cambios incorporados

Durante el tratamiento en comisiones se incorporaron modificaciones reclamadas por bloques aliados. Entre ellas, la obligación de presentar planes para integrar proveedores locales, con un piso mínimo del 20% de contratación nacional, incentivos adicionales para actividades de investigación y desarrollo y la creación de un registro público de proyectos aprobados.

También se añadieron requisitos ambientales y sociales. Los emprendimientos deberán demostrar que no comprometen recursos naturales estratégicos ni infraestructura esencial, y podrán ser rechazados si generan impactos negativos significativos en las comunidades involucradas.

El respaldo del oficialismo

Desde La Libertad Avanza defendieron la propuesta como una herramienta necesaria para competir por inversiones globales en sectores de alta tecnología.

"Nos permitirá volver a transitar por el camino que hará a la Argetina grande nuevamente", aseguró el presidente Javier Milei, en un posteo en X en el cual agradeció el trabajo de la bancada oficialista.

El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch sostuvo que la iniciativa apunta a generar condiciones de estabilidad jurídica para atraer capitales privados y argumentó que la presión tributaria y la incertidumbre regulatoria son algunos de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos en el país.

En la misma línea, legisladores aliados señalaron que numerosos países ofrecen incentivos similares para captar inversiones estratégicas y consideraron que el régimen podría posicionar a la Argentina en industrias de escala mundial.