En medio de la creciente crisis política y social en Bolivia, la Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes la derogación de la Ley N°1.341 de Estado de Excepción, una norma que desde 2020 regula los límites y controles para aplicar medidas extraordinarias durante situaciones de conmoción interna.

La iniciativa ya recibió media sanción del Senado con el respaldo de más de dos tercios de la Cámara Alta y ahora avanza en Diputados, donde el oficialismo busca ampliar las facultades del Ejecutivo frente a las protestas y bloqueos que afectan distintas regiones del país.

Entre los principales cambios, la eliminación de la ley abriría la puerta a una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y control de manifestaciones, en un contexto marcado por las movilizaciones que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz Pereira.

La normativa vigente obliga actualmente al Gobierno a justificar cualquier medida excepcional, establece límites temporales y contempla mecanismos de supervisión legislativa. También dispone que el Presidente debe informar a la Asamblea Legislativa sobre los decretos emitidos en un plazo máximo de 24 horas, de lo contrario las medidas pierden validez automáticamente.

El oficialista Partido Demócrata Cristiano cuenta con fuerte presencia parlamentaria, con 49 bancas en Diputados y 16 en el Senado. En cambio, el Movimiento al Socialismo, espacio referenciado en Evo Morales y Luis Arce, quedó prácticamente sin representación legislativa. El debate se desarrolla mientras continúan los bloqueos de rutas y el desabastecimiento en varias ciudades. Según cifras oficiales, La Paz registra 20 puntos de corte, seguida por Oruro con 17 y Cochabamba con 14.

Las protestas mantienen un reclamo común: la renuncia de Paz Pereira. En paralelo, Morales volvió a pedir el adelantamiento de las elecciones en medio del deterioro económico y la escalada de tensión política que atraviesa el país.