El Gobierno nacional avanzó con el desalojo de empleados y familiares que viven en la histórica Unidad Turística de Chapadmalal, uno de los emblemas del turismo social en Argentina. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a unas 50 personas, 30 trabajadores y alrededor de 20 familiares, a abandonar las viviendas del complejo en un plazo de diez días corridos, bajo apercibimiento de desalojo.

La medida llega más de medio año después de que el predio fuera transferido desde la Secretaría de Turismo a la AABE, organismo encargado de definir su destino final. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, había declarado la “innecesaridad” de las unidades turísticas y justificó el traspaso en el marco de la emergencia administrativa, económica y financiera.

El objetivo del Ejecutivo es concesionar por 30 años el complejo para atraer inversión privada que permita restaurar la infraestructura y reducir el costo de mantenimiento estatal. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció en marzo que la intención es que el predio “pase finalmente a estar al servicio de la gente”, mientras que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo que “el Estado no debe proveer el servicio de hotelería”.

Los trabajadores afectados aseguran que la decisión fue sorpresiva y denuncian incertidumbre sobre su futuro laboral y habitacional. Muchos viven allí desde hace más de dos décadas y realizan tareas de mantenimiento, seguridad y limpieza del predio, que desde el cierre del programa de turismo social quedó prácticamente sin actividad turística. Algunos temen que el desalojo sea el paso previo a despidos definitivos.

La Unidad Turística de Chapadmalal fue construida durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón como parte de una política de acceso al descanso para trabajadores, jubilados y sectores populares. El predio ocupa casi 75 hectáreas e incluye nueve hoteles, 19 bungalows, un polideportivo y edificios administrativos. Durante décadas fue símbolo del turismo social y permitió que millones de familias accedieran por primera vez al mar.

En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, el complejo fue reinaugurado tras una inversión superior a los $7500 millones impulsada por el entonces ministro de Turismo Matías Lammens. Sin embargo, la actual gestión avanzó con el cierre operativo y la búsqueda de concesionarios privados.

La decisión abrió un fuerte debate político. Mientras algunos sectores apoyan la concesión como una forma de recuperar el predio, otros denuncian una privatización encubierta y reclaman preservar su función histórica. La senadora bonaerense Fernanda Raverta presentó un proyecto para que la Provincia recupere la administración del complejo y evitar que desaparezca uno de los símbolos más representativos del turismo social argentino.