Durante el mediodía del martes, intendentes de distintas provincias se movilizaron al Ministerio de Economía para reclamar por la caída de recursos y la paralización de obras, en una protesta impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) que incluyó la presentación de un documento con demandas por coparticipación, financiamiento y costo de combustibles.

Desde la puerta del edificio, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cuestionó la situación social: “¿Qué hacemos con la gente que se endeuda para llegar a comer? Esto nunca pasó en la Argentina. Milei vive en una realidad de videojuegos". Y agregó: “Están quebrando todos nuestros productores de las economías regionales, y en las grandes ciudades industriales están cerrando miles de empresas todos los días”.

El dirigente definió la protesta como “un hecho histórico”, al remarcar la participación de intendentes de distintos espacios políticos. “Nunca intendentes de distintos partidos políticos se acercaron de manera conjunta. Esto es lo claro: el desastre que nos está llevando la política económica de este gobierno. No hay recursos”, sostuvo. Además, reclamó mayor contacto del Ejecutivo con la realidad social: “No podemos permitir que en la Argentina un abuelo o un chico de nuestra escuela esté desnutrido. El presidente tiene que salir de las oficinas y salir a recorrer la realidad de cada día”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, subrayó el carácter federal de la convocatoria: “El reclamo es federal, incluye a todos los intendentes, hay adhesiones en todas las provincias de todo el país”. En esa línea, apuntó contra el precio de los combustibles: “Pedimos que bajen el litro de combustible y que, además, hagan cosas que con el Fondo tienen responsabilidades. Es un delito que se queden con la plata de todos los que cargan el tanque con nafta".

La movilización fue definida tras una reunión virtual entre jefes comunales de 18 provincias, que coinciden en advertir que la caída de ingresos y el recorte de transferencias nacionales ya afectan el funcionamiento de los distritos. En ese marco, no descartan avanzar por la vía judicial si no obtienen respuestas del Gobierno, en un contexto de creciente tensión con la gestión de Javier Milei.