Adriana Nechevenko explicó cómo el jefe de Gabinete obtuvo el dinero para comprar las propiedades que investiga la Justicia.

"Ninguna operación me pareció sospechosa", dijo la escribana de Manuel Adorni
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El requerimiento del fiscal Picardi y la PIA alcanza a 29 implicados por el uso de claves oficiales para direccionar licitaciones y el cobro de retornos en la compra de insumos médicos de alto costo.

La investigación por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este jueves con el pedido del fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para citar a indagatoria a 29 personas. El requerimiento alcanza al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y a otros funcionarios y empresarios.
La fiscalía detectó una ampliación significativa en el monto del fraude, estimando ahora un desvío superior a los $75.000 millones mediante el direccionamiento de compras de insumos médicos y medicamentos de alto costo entre finales de 2023 y 2025. Según el dictamen judicial, se articulaba a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), donde se habría montado un "circuito especial" o paralelo de contrataciones.
Los investigadores determinaron que funcionarios de la ANDIS habrían facilitado sus claves de acceso a actores privados para que estos gestionaran directamente las licitaciones desde sus propias oficinas. Esta "ventanilla de pagos direccionados" permitía la adjudicación de contratos a un grupo reducido de droguerías y empresas pantalla, registrándose sobreprecios que en algunos casos alcanzaron el 90% respecto a los valores de mercado.
El pedido de indagatorias, que ahora deberá ser resuelto por el juez federal Ariel Lijo, quien subroga el juzgado tras la salida de Sebastián Casanello, incluye también a Miguel Ángel Calvete y a una veintena de empresarios vinculados a las firmas beneficiadas. En sus fundamentos, Picardi señaló que se consolidó una "estructura organizada para desviar fondos públicos asignados a un sector extremadamente vulnerable", donde el dinero que debía destinarse a la asistencia de personas con discapacidad terminaba financiando retornos y beneficios personales.
La causa se apoya en una copia forense de teléfonos celulares, mensajes recuperados y cuadernos secuestrados donde se detallaban pagos ilegítimos y repartos de dinero en efectivo.

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