El ministro de Economía Luis Caputo defendió a los funcionarios del Gobierno que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación tras una presentación judicial que se realizó para que se investigue bajo qué condiciones fueron aprobados. "No hay nada de ilegal ni inmoral", sostuvo.

Caputo fue consultado al respecto durante una entrevista con Luis Majul en LN+. Allí, el titular del equipo económico se refirió a la polémica que se desató luego de que se hiciera pública una lista de funcionarios públicos -algunos de su cartera- que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por hasta $ 400 millones.

"No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral (...) Es absolutamente lógico y normal que un funcionario que tiene un sueldo y cobra en el Nación tenga acceso a uno de los productos que ofrece el Banco", resaltó el funcionario, que aprovechó para deslizar nuevas críticas al periodismo: "Encuentro realmente patético que colegas tuyos pongan esto como si se estuviera cometiendo algún delito". 

El ministro de Economía hizo hincapié en que los créditos a los que accedieron funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza se ajustan a las condiciones de mercado vigentes para cualquier solicitante. "Los plazos son todos los mismos, los montos están sujetos a los ingresos. Y además, es absolutamente normal que los pidan en el Nación porque como funcionarios, cobramos en el Banco. No tienen ninguna ventaja con respecto al resto", afirmó.

"No es que el Banco Nación le está dando créditos a los funcionarios. El Banco Nación dio más de 27.000 créditos hipotecarios. Los que han sacado funcionarios no representan el 0,2%", insistió Caputo. 

Y agregó: "Si lo pudieran sacar más funcionarios públicos, les diría 'vayan y saquen'. Se los recomendaría a todos".

Pese al intento de Caputo por minimizar el tema, la obtención de créditos hipotecarios por parte de funcionarios y legisladores libertarios ya se encuentra en la Justicia. La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, realizó una presentación para que se investigue si existieron irregularidades y conflicto de intereses en la adjudicación de préstamos de entre 100 y 400 millones de pesos.