El Salvador aprobó la prisión perpetua para menores de 18 años en casos de delitos graves. El gobierno de Nayib Bukele promovió las modificaciones de la Ley Penal Juvenil alineado con su discurso de ofensiva abierta contra las pandillas.

La Asamblea Legislativa formalizó el cambio con una reforma de la Ley, que incorpora la pena máxima dentro de un régimen excepcional para menores en conflicto con la ley. Además, se establece la eliminación del procedimiento especial juvenil para estos delitos pero se prevén instancias de revisión periódica y la posibilidad de acceder a un esquema de libertad controlada a partir de los 25 años de prisión.

El Congreso unicameral respaldó fuertemente los cambios: 58 de 60 diputados votaron a favor. Particularmente, la norma establece que la pena máxima será para "los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)".

La aprobación se da en un contexto de debate regional y de viraje hacia un endurecimiento en el tratamiento legal de los delitos de menores. En Argentina, Javier Milei oficializó el nuevo Régimen Penal Juvenil el 9 de marzo, aprobada con 44 votos a favor, que principalmente baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Estas reformas también son debatidas en Chile, Paraguay y Perú.

El gobierno nacional de El Salvador sostiene que estas medidas traen tranquilidad a las familias de todo el país, según las palabras de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de Bukele de cometer "crímenes de lesa humanidad" a partir de su política de seguridad.

En este marco, también se extendió, con 57 votos a favor, el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y ha sido clave en la política de gobierno de Bukele.