El juez Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°30, dictó este martes una medida cautelar que frena el traspaso de la Justicia laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La resolución ordena “la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia” celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño, el cual formaba parte de los artículos 90 y 91 de la reciente reforma laboral.

La decisión judicial surge tras una presentación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), encabezada por Julio Piumato. El sindicato solicitó la inconstitucionalidad del acuerdo argumentando que el Congreso carecía de competencias para aprobar dicha transferencia y advirtió sobre el riesgo que corren 1.600 puestos de trabajo ante la posible disolución de juzgados nacionales.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), que había intentado una impugnación similar sin éxito la semana pasada, celebraron el fallo como un paso “importante en defensa del sistema judicial y de los derechos de las y los trabajadores”. La central obrera destacó que la resolución reconoce la verosimilitud de sus planteos y pone freno a una medida que consideraban un riesgo inminente para la protección de los derechos laborales.

En sus fundamentos, la CGT agregó que el fallo del juez Mendel “expone la gravedad institucional de las medidas impulsadas, que avanzaban sobre este fuero sin respetar los procedimientos constitucionales ni las garantías que aseguran la independencia judicial”. Esta postura refuerza la resistencia de los gremios frente a lo que definen como un intento de desmantelar la justicia especializada en materia del trabajo a nivel nacional.

La medida cautelar dictada por Mendel se mantendrá firme hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Por lo pronto, el Estado Nacional cuenta con un plazo legal de tres días para presentar un informe sobre la causa, mientras que el traspaso de competencias relativas a la función judicial laboral queda totalmente paralizado, revirtiendo lo estipulado en el decreto 95/2026 del pasado 9 de febrero.