El Gobierno nacional reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido para que Milagro Sala deje la prisión domiciliaria y cumpla su condena en una cárcel común. La solicitud fue presentada por la subsecretaría de Derechos Humanos y apunta a revocar el régimen especial que rige desde 2017.

Desde el Ejecutivo recordaron que la ex dirigente social jujeña cumple una condena desde 2016 por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, en el marco de su rol al frente de la organización Tupac Amaru.

En el planteo elevado al organismo internacional, el Gobierno sostuvo que Sala “violó las condiciones de prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control”. La referencia apunta a un traslado realizado semanas atrás desde una vivienda ubicada en Villa Elvira hacia otra en la localidad de Gonnet. De acuerdo con el texto oficial, la dirigente se ampara en una supuesta situación de “hostigamiento”, con la que “busca revertir invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”.

En el escrito, el Ejecutivo afirmó que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales” y definió la situación actual como “un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”. Asimismo, añadió: “Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien”.

Con esta presentación, el Gobierno volvió a reafirmar su posición en la causa y sostuvo que las condenas firmes deben cumplirse sin regímenes excepcionales, en línea con la postura oficial respecto del fin de los privilegios para personas sentenciadas.