Cuestionaron que la discusión se centre casi exclusivamente en la pena y no en políticas de prevención y acompañamiento.

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Líderes comunales expresaron su fuerte oposición al proyecto que será tratado en el Congreso, asegurando que promovería precarización y retrocesos en derechos laborales.

Más de 500 intendentes de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), emitieron un documento crítico en el que rechazan el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, y sostienen que, lejos de ser una modernización, implicaría un retroceso de más de un siglo en las condiciones de trabajo.
En el texto, los jefes comunales afirmaron que la iniciativa, presentada por el Ejecutivo nacional para ser debatida durante las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzarán el 2 de febrero, “no tiene nada de moderno” y “vuelve a la Argentina del 1900”, en referencia a prácticas laborales consideradas arcaicas y regresivas.
Entre las criticas principales, los intendentes advirtieron que el proyecto aceleraría despidos, precarizaría las relaciones laborales y debilitaría los derechos de los trabajadores, con medidas como jornadas más largas, semanas laborales extendidas y reducción de indemnizaciones.
Señalaron que la reforma afectaría la capacidad de los municipios y provincias para responder a demandas esenciales (salud, educación, seguridad, transporte y servicios), al reducir la masa salarial formal y el consumo, lo que deterioraría la recaudación y el funcionamiento de los servicios públicos.
El documento releva también la comparación con la llamada “Ley Banelco” de fines de los años 1990, mencionando que aquella reforma anterior no consiguió generar empleo genuino y llevó años en recuperarse, y advirtieron que la actual podría tener efectos similares.
Los intendentes anunciaron que se opondrán al proyecto “con todas las herramientas de la democracia” si avanza tal como fue presentado, y subrayaron la importancia de preservar lo que consideran derechos laborales básicos y el papel del Estado en la protección social y económica.
Mientras tanto, el gobierno de Milei continúa con negociaciones con sectores del Congreso y gobernadores para buscar apoyos que permitan avanzar con la reforma laboral y otros cambios estructurales propuestos en su agenda de gestión.

Cuestionaron que la discusión se centre casi exclusivamente en la pena y no en políticas de prevención y acompañamiento.
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