El Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) abrió una investigación disciplinaria tras una denuncia formal sobre presuntas prácticas ambientales prohibidas y maltrato al personal en la Base Antártica Conjunta Petrel, ubicada en el continente blanco bajo el régimen del Tratado Antártico. El memorando que motivó la apertura de la causa fue elevado el 10 de enero al Estado Mayor Conjunto por el segundo jefe de la base, y apunta a irregularidades atribuidas al jefe de la instalación, el capitán de fragata Cristian Gabriel De Gregori. 

Entre las conductas cuestionadas se menciona la eliminación de remanentes de combustibles como JP1, nafta y gasoil, así como aceites lubricantes, mediante vertido y quema en superficie, una práctica que podría generar contaminación crítica del suelo, la fauna local y la biodiversidad antártica si se confirma. La quema a cielo abierto de residuos peligrosos, que incluye combustibles y plásticos, está expresamente prohibida en el marco del Protocolo de Madrid al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente que rige desde 1998 para las actividades humanas en la Antártida. 

El informe también alude a la incineración no controlada de otros residuos, como víveres vencidos, materiales de construcción y plásticos, lo que contradiría las obligaciones ambientales asumidas por Argentina en el marco del sistema antártico, que exige la gestión y evacuación controlada de desechos fuera del continente para evitar impactos en este ecosistema frágil. 

El memorando incorpora además denuncias sobre un clima interno tenso y maltrato verbal hacia subalternos en la base, lo que acentuó la preocupación por la conducción de la instalación en un contexto de aislamiento prolongado que exige estándares altos de convivencia y cumplimiento normativo para preservar tanto a las personas como al entorno natural. 

El caso ahora está siendo analizado por las autoridades competentes dentro de las fuerzas armadas y la estructura antártica argentina, que evaluarán si existieron incumplimientos a la normativa ambiental y procederán a determinar eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias. Además, la situación podría atraer observaciones internacionales, ya que las partes contratantes del Tratado Antártico vigilan el estricto cumplimiento de las normas de protección ambiental en el continente. 

La Antártida es un espacio regulado por el Tratado Antártico y su Protocolo de Protección del Medio Ambiente, que establecen la preservación de sus ecosistemas y la gestión adecuada de residuos y actividades humanas en la región, obligando a que las bases científicas y logísticas cumplan estándares estrictos para proteger la fauna, el suelo y los recursos naturales únicos del continente.