El Gobierno nacional dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia luego de detectar irregularidades en su funcionamiento y en el destino de fondos, tras una inspección realizada entre septiembre y octubre del año pasado. La medida comenzará a regir este viernes y tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece la suspensión de la habilitación del puerto. De esta manera, el Estado asumirá la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal. Además, la intervención alcanza a la infraestructura portuaria, la maquinaria, los equipamientos y todo lo vinculado a la operación dentro de la jurisdicción terrestre y los espacios acuáticos del puerto, sin extenderse a otras áreas ajenas a la actividad portuaria.

El proceso se inició luego de denuncias realizadas por sindicatos vinculados a la actividad portuaria de Tierra del Fuego, que advirtieron sobre el impacto que tendría la Ley Provincial 1596, que creó un esquema de financiamiento para la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) a partir del superávit del puerto. Según señalaron, esa decisión podía afectar la operatividad y la autonomía financiera de la Dirección Provincial de Puertos.

Durante la inspección, las autoridades detectaron deterioro estructural en el muelle, fallas en los sistemas de seguridad, deficiencias en el mantenimiento y en la gestión ambiental, además de un bajo nivel de inversión en infraestructura, que representaba apenas el 1,3% del total de los fondos, mientras que la mayor parte se destinaba a gastos de personal y préstamos. También se señaló la ausencia de protocolos formales para la operación simultánea de carga y pasajeros, y la falta de auditorías y estándares mínimos en materia de tecnología y seguridad de la información.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación resolvió que la Gerencia de Coordinación Técnica actúe como Unidad Ejecutora de la intervención, con facultades para dictar normas operativas, garantizar la continuidad de los servicios y elevar informes periódicos a la autoridad portuaria nacional.

Desde el Gobierno aclararon que la medida no implica transferencia de personal ni cambios en las relaciones laborales vigentes, y que se notificará a los organismos nacionales y provinciales involucrados para asegurar la continuidad de los servicios durante el período de intervención.