El calendario financiero de enero obliga al Gobierno a enfrentar este viernes un pago de vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones, vinculados a bonos emitidos tras la reestructuración realizada en 2020. Se trata de compromisos heredados de aquel proceso, que incluyen títulos en dólares y euros con distintos plazos y que concentran una carga relevante en el arranque de 2026.

Esos instrumentos fueron colocados en agosto de 2020, como parte del canje que redefinió la deuda externa argentina, y establecieron vencimientos que se extienden entre 2030 y 2046. En el primer día hábil del año, el Poder Ejecutivo cursó el aviso formal de pago a los tenedores de los bonos con fechas de vencimiento en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, un paso administrativo que puso en marcha el proceso para cumplir con las obligaciones previstas.

Para afrontar esos compromisos, la estrategia oficial incluyó el acceso a financiamiento externo. El Gobierno obtuvo una línea de crédito por USD 3.000 millones otorgada por un consorcio de seis bancos internacionales, con un plazo de un año y una tasa anual del 7,4%. De ese total, solo una parte será destinada al pago inmediato de los vencimientos, mientras que el remanente quedará en las cuentas del Banco Central.

Al detallar la operatoria, la autoridad monetaria explicó las condiciones del acuerdo alcanzado. “La transacción se realizó por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, indicó el organismo.

A ese esquema de financiamiento se sumarán USD 706 millones provenientes de la venta de participaciones en las centrales hidroeléctricas del Comahue. Ese ingreso, junto con movimientos internos de reservas y otras fuentes de liquidez, conforma el conjunto de recursos con los que el Ejecutivo buscará cubrir los pagos previstos en el corto plazo.