El Gobierno afirmó que apelará la resolución que anula "protocolo antipiquetes", utilizado desde 2023 para regular la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales y cortes de calles. Ante esta medida, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su antecesora, la senadora Patricia Bullrich, anticiparon que apelarán la resolución y aseguraron que no darán marcha atrás.

El fallo fue dictado este lunes por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien declaró la nulidad del protocolo impulsado originalmente por Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad. La presentación judicial fue realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBA), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y otras organizaciones.

En su resolución, Cormick sostuvo que la medida vulnera garantías constitucionales básicas. 

Entre sus argumentos, el juez citó el principio de defensa en juicio y recordó que “ningún habitante de la Nación puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Monteoliva, quien asumió al frente de Seguridad tras el salto de Bullrich al Senado, fue la primera en pronunciarse a través de redes sociales. “Sin protocolo no hay orden, hay caos”, escribió, y acusó al magistrado de intentar avanzar contra una política central del Gobierno.

La ministra aseguró que el fallo responde a “la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina” y confirmó que el Ministerio de Seguridad apelará la decisión judicial. “No vamos a dar un paso atrás”, enfatizó.

En la misma línea se expresó Patricia Bullrich, actual senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, quien sostuvo que el protocolo fue “validado por decenas de jueces” y respaldado por la ciudadanía. Además, cuestionó duramente al juez Cormick y apuntó contra quienes celebraron el fallo. “Festejan los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, lanzó.

Según Bullrich, los principales perjudicados por la suspensión del protocolo son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”. “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”, cerró.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad también difundió un comunicado en el que ratificó que apelará la resolución judicial. Allí, la cartera nacional defendió la legitimidad del Protocolo Antipiquetes y sostuvo que su implementación permitió “garantizar la libre circulación” y recuperar el uso del espacio público.

Desde el Gobierno insistieron en que la medida no busca prohibir la protesta social, sino regularla. “Hay derecho a manifestar y peticionar, pero con orden y respeto a la libre circulación y al derecho a trabajar”, señalaron. Y concluyeron: “Sin protocolo vuelve el caos. Con protocolo hay orden, convivencia y reglas claras para todos”.