La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones dejó firme el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las gravísimas lesiones provocadas a Pablo Grillo y por el delito de abuso de armas reiterado durante la manifestación del 12 de marzo. La decisión confirmó la resolución de primera instancia y sostuvo que el material reunido en el expediente resulta suficiente para que la causa continúe hacia el juicio oral.

Al analizar el caso, los jueces respaldaron lo dispuesto por la magistrada María Servini en el procesamiento dictado el 7 de octubre, en el que se determinó que Guerrero fue quien efectuó el disparo que dejó a Grillo gravemente herido, además de otros cinco disparos realizados en ángulo horizontal en dirección a los manifestantes. Para la Cámara, las pruebas incorporadas permiten establecer la responsabilidad penal directa del agente imputado en los hechos investigados.

Durante su voto, el presidente del tribunal, Roberto Boico, puso el foco en un aspecto más amplio de la investigación y remarcó la necesidad de avanzar sobre las posibles responsabilidades de las autoridades que estuvieron a cargo del operativo de seguridad. Según planteó, el cuadro probatorio no solo habilita el análisis de la conducta individual del gendarme, sino también la revisión de la cadena de mandos y de las decisiones operativas adoptadas, una línea de investigación que había sido señalada por las querellas desde el inicio del expediente.

La resolución judicial se conoció pocos días después de que la madre de Pablo Grillo hiciera pública una carta dirigida a los jueces de la causa, en la que reclamó que la Justicia “imparta la justicia que necesita” su hijo. En ese mensaje, pidió que el proceso avance sin dilaciones y que no se circunscriba únicamente a responsabilidades individuales, sino que también alcance a quienes diseñaron y habilitaron el accionar represivo que derivó en las lesiones sufridas por el joven.

En el mismo pronunciamiento, la Cámara Federal confirmó por mayoría el procesamiento del prefecto Sebastián Emanuel Martínez por el delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función contra Jonathan Navarro. El episodio ocurrió también el 12 de marzo, en otro sector de la plaza frente al Congreso, donde la víctima recibió un disparo de bala de goma en un ojo, lo que le provocó la pérdida casi total de la visión.

Respecto de ese hecho, los jueces consideraron acreditado el nexo causal entre la lesión y un disparo efectuado con una bala de goma Byrna TCR, que generó una incapacidad visual del 42%, conforme al peritaje del Cuerpo Médico Forense. La atribución de la autoría se apoyó en filmaciones de cámaras domo y registros privados, pericias realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad, y en el dato de que solo tres agentes portaban ese tipo de arma con munición OC, entre los cuales fue identificado Martínez. Además, se confirmó un embargo por 91 millones de pesos y se ordenó profundizar nuevas medidas periciales vinculadas a trayectorias, ángulos y posibles rebotes del proyectil, decisión que se adoptó pese a la disidencia del juez Eduardo Farah, quien había propuesto dictar la falta de mérito.