La jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina entregar el contenido de WhatsApp de funcionarios y ex funcionarios nacionales, como el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor en el cargo, Sergio Massa. La medida, que también se extiende a sus cuentas de correo electrónico, se enmarca en el juicio por la expropiación irregular de YPF, por la que el Estado argentino ya fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares.

Preska tomó esta resolución al hacer lugar al pedido de los beneficiarios del fallo, que solicitaron esta información. Sebastián Maril, especialista en los litigios que la Argentina afronta en el exterior, explicó que la medida "tiene por objeto identificar los bienes embargables en los procedimientos de ejecución en curso". La magistrada también fijó una nueva audiencia para el 6 de agosto.

"Es importante entender la la Juez Loretta Preska no pidió nada. Tan solo se limita a aceptar (ordenar) o rechazar el pedido de los beneficiarios del fallo, quienes solicitaron esta información, estrictamente relacionada con palabras claves sobre empresas estatales", aclaró Maril en otro posteo que realizó en X.

Según la agencia de noticias NA, también se autorizó discovery sobre posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.

De acuerdo con fuentes oficiales, la medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, porque vulnera la soberanía argentina y, se cree, no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República.

La orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaban un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF.

En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF "causaría un daño irreparable a la República" y "podría desatar un conflicto diplomático significativo" con Estados Unidos.

Si bien el caso contra la República Argentina se encuentra en apelación, el gobierno de Javier Milei considera que ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia, entregando a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países, indicaron fuentes oficiales a NA.

Una fuente cercana a la Casa Rosada le dijo a NA que es “evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery” y sostuvo que “su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”.

La República Argentina dice que está “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes, y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”.