La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezada por Diego Spagnuolo, lleva adelante un proceso de auditoría sobre un universo de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Hasta el momento, se suspendieron o eliminaron 80.080 beneficios, lo que representa un ahorro fiscal estimado en $23.143 millones mensuales.

Según informó Infobae, 65.230 pensiones fueron suspendidas por irregularidades, otras 6.643 se dieron de baja tras confirmarse el fallecimiento de los titulares, y 8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio. Las autoridades calculan que, al finalizar el operativo, la cifra de bajas podría superar las 250.000.

La auditoría no incluye a menores ni a quienes ya fueron revisados este año. Se centra en verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley 13.478 y el decreto 432/97. Los controles están a cargo de médicos del PAMI y de personal de la ANDIS.

Sobre esto, Spagnuolo sostuvo que “las estadísticas no mienten: entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones pasó de 80.000 a 1.050.000. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, la cifra ascendió nuevamente, llegando a 1.250.000 entre 2019 y 2023”. Según el funcionario, esa expansión se dio sin un control riguroso y responde a “una política de subsidios discrecionales, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta”.

Entre los casos detectados figuran diagnósticos falsificados, certificados médicos apócrifos, presos y prófugos cobrando pensiones, así como personas que no residían en el país. También se descubrieron prácticas como el uso de la misma radiografía en 150 expedientes, o beneficiarios que enviaban a terceros a las evaluaciones médicas.

El decreto 842/2024, firmado en abril, impuso nuevas condiciones para mantener la pensión, debido a que establece la creación de un nuevo cuerpo médico evaluador, obliga a todos los beneficiarios a reinscribirse y declarar su situación mediante una declaración jurada, y habilita a la ANDIS a suspender cautelarmente pensiones ante sospechas fundadas. También se endurecen las incompatibilidades: quedan excluidas las personas con ingresos superiores al tope legal, detenidos, prófugos o quienes perciban otras asignaciones previsionales.