Los diputados Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto que busca modificar o eliminar la Ley de Identidad de Género, con el objetivo de impedir que se utilicen fondos públicos para tratamientos hormonales o quirúrgicos vinculados a la adecuación de género. La iniciativa también apunta a limitar la cobertura de obras sociales y planes como el PMO, al considerar que no debe haber financiamiento estatal para estos procedimientos.

“El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, sostuvo Milman, al argumentar la propuesta que afecta directamente a los mayores de 18 años amparados por la normativa vigente. Según el texto presentado, se propone que todas las entidades públicas, incluidas dependencias estatales, organismos descentralizados y empresas con participación estatal, se abstengan de “promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”.

Milman aclaró que no se niega “la libertad individual ni el derecho de toda persona a autodefinirse conforme a su vivencia interna del género”, pero defendió la idea de que esa decisión debe mantenerse en el ámbito privado. “Reafirmamos el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, encuadrándolo en un marco que respeta los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del Estado y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”, expresó.

Al referirse a la ley vigente, sancionada en 2012, el diputado señaló que “se utilizó al Estado” para financiar y promover prácticas culturales, médicas y lingüísticas “que no gozan de consenso social ni científico”. Según su visión, ese respaldo estatal no debería sostenerse a través del gasto público y consideró que su aplicación ha sido “compulsiva”.

El proyecto también establece restricciones específicas en casos que involucren a menores de edad. “El Estado no debe intervenir condicionando a terceros para que financien la decisión personal de aquellos que deciden sobre su identidad y su proyecto de vida. Tampoco puede suplantar la patria potestad cuando un menor quiere cambiar de género”, planteó Milman. En ese sentido, señaló que la decisión debe pasar por las familias: “Los padres deben dar su autorización y consultar con los profesionales correspondientes si el deseo de su hijo o hija es real o está motivado por campañas impuestas por ciertos sectores de la sociedad”.