La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Justicia una nota formal expresando su “preocupación”, por la posibilidad de que se otorgue a la ex presidenta Cristina Kirchner prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José y Humberto Primo por los “efectos negativos” que tendría en una zona de alto tránsito de vehículos y personas.

Según las “instrucciones del jefe de Gobierno Jorge Macri”, una eventual prisión domiciliaria “afectaría gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad y tránsito” como lo es el barrio de Constitución.

“La Ciudad advierte que ya se están registrando concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa desde que se confirmó la condena de la exmandataria” y solicita “medidas excepcionales para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales”.

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El texto está dirigido al presidente del Tribunal Oral Federal n°2, Jorge Gorini, quien tiene a su cargo la decisión final sobre otorgar o no la prisión domiciliaria a la exmandataria, y fijar en qué lugar cumplirá la pena de seis años de prisión a la que fue condenada junto con la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos.

El escrito sostiene que pese a que el TOF2 ordenó una “una inspección detallada” del estado edilicio, entorno barrial, flujo vehicular y peatonal, viviendas linderas y seguridad, esto se hizo requiriendo informes “sólo a organismos federales, sin dar intervención a la autoridad local competente”.

Además, el documento advierte que “en las inmediaciones del inmueble funciona la Facultad de Ciencias Sociales” de la UBA, “con la consecuente afluencia de miles de estudiantes, docentes y personal administrativo”, por lo que “la instalación de un operativo de seguridad permanente afectaría sensiblemente el acceso, la circulación y el normal desarrollo de las actividades académicas”.

La Procuración porteña afirma que “el barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia sin perjuicio grave al interés general”, y sostiene que “la detención de una figura política de alta visibilidad atraerá concentraciones masivas de partidarios y opositores en una zona intermodal ya congestionada”.

Por lo tanto, reclaman que, en caso de concederse allí la prisión domiciliaria, se adopten “acciones administrativas coordinadas”, como “la delimitación de horarios y condiciones para el ingreso de personas vinculadas al entorno de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner; la garantía de acceso vehicular y peatonal a los domicilios linderos, con prioridad para residentes y servicios de emergencia”, entre otras.

Además se solicitan de la Justicia la implementación de “medidas paliativas específicas, con intervención de las áreas técnicas competentes de los gobiernos local y nacional, con el objeto de resguardar el interés público”.