El Poder Ejecutivo, por medio del Decreto 370/2025, fechado el 30 de mayo y publicado en el Boletín Oficial, resolvió prolongar por un año más la vigencia de la emergencia del sistema energético en todo el país. De esta forma, se mantendrán las atribuciones especiales sobre la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica de jurisdicción federal, así como también en el transporte y la distribución de gas natural.

El decreto sostiene que se mantienen las condiciones que motivaron las disposiciones anteriores y atribuye la situación a una “herencia institucional, económica y social gravísima”. En ese contexto, se considera indispensable continuar con las medidas que permitan sostener la prestación de los servicios públicos de energía y gas, mientras se avanza en procesos de reforma estructural y reorganización institucional del sector.

Según el documento oficial, los problemas señalados por el Gobierno están en tres áreas:
- Las fallas del sistema de recaudación
- Limitaciones operativas del equipamiento para garantizar el suministro
- Ausencia de señales de mercado que permitan coordinar oferta y demanda de manera eficiente.

A partir de este diagnóstico, se argumenta que interrumpir el régimen vigente podría generar mayores riesgos estructurales, entre ellos, afectar la previsibilidad financiera de CAMMESA, obstaculizar los mecanismos para contener el endeudamiento de las distribuidoras y exponer al sistema a incumplimientos contractuales con generadores.

Entre los objetivos pendientes que justifican la extensión de la emergencia se encuentra la reducción gradual de los subsidios al precio estacional de la energía, avanzando hacia una cobertura más eficiente del costo total del sistema. También se plantea la necesidad de finalizar obras de infraestructura que aumenten la capacidad de transporte de gas natural, mejorar las condiciones del parque generador, y atender deficiencias en los sistemas de transporte y distribución eléctrica. Además, se mantiene como meta central asegurar que el subsidio estatal se focalice solo en quienes “verdaderamente necesitan la ayuda económica”.

Por otro lado, contempla la continuidad del proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), previsto para entrar en vigencia el 1° de noviembre de este año, así como la adecuación de empresas públicas como ENARSA y CAMMESA a las modificaciones que establezca la Secretaría de Energía. En ese marco, se dispone mantener las intervenciones sobre los entes reguladores del gas y la electricidad (ENARGAS y ENRE), hasta la conformación del nuevo organismo unificado que los reemplace, con fecha tope en julio de 2026.

Y, finalmente, el decreto prorroga el período de transición hacia un esquema de subsidios energéticos focalizados, lo que habilita al Ejecutivo a seguir interviniendo en la definición de criterios, cruces de datos patrimoniales, y asignación del beneficio según el perfil socioeconómico. En este punto, se prevé una revisión de los regímenes actuales, como el de Zona Fría y el Programa Hogar, y una depuración de registros que incluyeron a entidades no elegibles bajo la categoría de "hogares".