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Minutos antes de la multitudinaria movilización convocada por Camioneros, el abogado de Hugo Moyano, principal vocero del acto, entregó información a la Justicia sobre las empresas contratadas por el sindicato, para que consten en la causa sobre presuntas maniobras de lavado de dinero.
Respaldando las declaraciones de su cliente, en las que sostuvo que no está "implicado en ningún tema de corrupción" y que si existe un problema va a "poner lo que tiene que poner", Daniel Llermanos realizó una presentación espontánea ante el Juzgado Federal N° 3 de Morón aportando datos comerciales de las compañías ligadas al gremio.
"A los fines de despejar cualquier duda respecto de la transparencia de las operaciones comerciales efectuadas por las empresas que han sido objeto del escrito llamado denuncia, acompaño al presente la totalidad de la documentación atinente a las mismas", acompañó Llermanos en un breve escrito la documentación presentada.
En diciembre pasado, el juez Néstor Barral, a cargo del Juzgado donde recayó la denuncia, había ordenado el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Moyano, su hijo Pablo, su mujer Liliana Zulet y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, recién efectivizado el pasado 14.
El expediente surgió luego de una denuncia radicada por un funcionario de Vicente López, Enio Vittorini, al que le llegó un mensaje anónimo que aseguraba que Moyano había adquirido dos viviendas en Parque Leloir de manera irregular incurriendo en el delito de lavado de dinero.
La investigación busca determinar si el sindicalista se hizo de los inmuebles a través de empresas a nombre de sus hijastros, y si éstas sobrefacturaron servicios al gremio de Camioneros.
Las empresas investigadas son Ancora Construcciones; Iarai, que le presta servicios vinculados con la salud a la obra social de Camioneros, y Dixey, que fabrica ropa de trabajo y brinda servicios de consultoría.
Además de presentar información comercial sobre las empresas investigadas, el sindicato y la familia Moyano, Llermanos pidió hoy la nulidad de la causa.
Se trabajó en barrios de la Capital y del Valle de Lerma, también en Tartagal, Pichanal, San Carlos, General Güemes y Rosario de la Frontera.
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