La morosidad en el sistema financiero argentino continúa creciendo y ya afectaría a más de seis millones de personas, en medio de un escenario marcado por caída del poder adquisitivo, tasas de interés elevadas y aumento del endeudamiento de las familias. 

Distintos informes privados y datos del Banco Central reflejan un deterioro acelerado en la capacidad de pago de hogares y pequeños comercios. Según estimaciones difundidas en las últimas semanas, la mora en préstamos familiares alcanzó niveles récord y ya representa el valor más alto en más de veinte años.

Uno de los indicadores más preocupantes es el crecimiento de los créditos en situación irregular. De acuerdo con datos citados por consultoras financieras, el porcentaje de préstamos a familias con atrasos pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% un año después.

El fenómeno impacta especialmente en créditos personales, tarjetas de crédito y financiamiento de consumo. Informes privados señalan que muchas familias utilizaron préstamos para compensar la pérdida de ingresos reales y sostener gastos cotidianos, pero luego quedaron atrapadas por tasas muy altas y refinanciaciones difíciles de afrontar.

Los préstamos de menor monto concentran gran parte de los incumplimientos. Un informe elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central indicó que la mitad de las personas morosas debe menos de 500.000 pesos, lo que refleja la fragilidad económica de hogares de ingresos medios y bajos.

La situación también afecta al sector fintech y al crédito no bancario. En ese segmento, algunos estudios ubican la mora por encima del 30%, especialmente entre usuarios de microcréditos y préstamos digitales rápidos.

El aumento de la morosidad comenzó a generar preocupación dentro del propio sistema financiero. Bancos públicos y privados empezaron a ofrecer refinanciaciones, extensión de plazos y planes especiales para evitar un colapso mayor en la cadena de pagos.

En paralelo, en el Congreso avanzan distintos proyectos para aliviar el sobreendeudamiento familiar. Algunas iniciativas proponen límites a intereses punitorios, mediación estatal entre bancos y deudores, y programas de “segunda oportunidad” para hogares con deudas impagables.

Especialistas advierten que el problema podría profundizarse durante el resto de 2026 si no mejora el nivel de ingresos reales y continúan las tasas elevadas. Además, señalan que el deterioro del crédito puede convertirse en un obstáculo para una eventual recuperación del consumo y de la actividad económica.